Una grave emergencia sanitaria tiene en riesgo la salud de funcionarios y ciudadanos en la Inspección Cuarta de Policía de Soacha, ubicada en la comuna cuatro.
Desde el pasado 9 de octubre de 2025, el despacho presenta rebosamiento de aguas negras que han inundado las oficinas, generando un foco de contaminación y riesgo biológico que, pese a las alertas, no ha sido atendido por la administración municipal.
Aguas negras bajo los escritorios y un olor insoportable
Las imágenes registradas por los funcionarios evidencian una situación insostenible: las aguas residuales se filtran por el suelo y los desagües, alcanzando incluso los escritorios donde se atiende al público.
El hedor es insoportable y el contacto con aguas contaminadas representa un riesgo directo para la salud de empleados y usuarios.
La situación se agrava porque en el mismo inmueble funciona el Centro de Traslado por Protección (CTP), donde permanecen personas bajo custodia temporal. Esto implica un riesgo adicional de propagación de infecciones y enfermedades.
Pese a la gravedad de la emergencia, ni la Secretaría de Gobierno ni la Alcaldía de Soacha han intervenido para solucionar el problema o trasladar temporalmente las dependencias.
Un contrato millonario con condiciones indignas
El inmueble afectado fue arrendado por la Secretaría de Gobierno Municipal bajo el contrato N.º 1622 de 2025, por un valor total de $344.290.905 para un periodo de nueve meses, con una mensualidad de $38.254.545.
Lo paradójico es que, pese a la alta suma de dinero, las condiciones actuales no cumplen con los mínimos de salubridad ni seguridad laboral.
El numeral 6 de la cláusula segunda del contrato establece que el propietario debe garantizar el mantenimiento y salubridad del inmueble, mientras que el supervisor del contrato está obligado a verificar el cumplimiento de esas condiciones.
Sin embargo, tras 12 días de emergencia, no hay presencia ni respuesta visible de la Alcaldía, dejando en claro un preocupante abandono institucional.
Sobrecarga laboral y falta de apoyo
La crisis sanitaria es solo el reflejo de un problema más profundo: la falta de fortalecimiento institucional en las comisarías e inspecciones de policía de Soacha.
El crecimiento poblacional, los nuevos proyectos urbanísticos y la llegada de miles de familias han incrementado exponencialmente la carga procesal, sin que el municipio haya ampliado el número de funcionarios ni los recursos para atender la demanda.
A esto se suma la precariedad en infraestructura y condiciones de trabajo que, como en este caso, ponen en riesgo la vida y la dignidad de los empleados públicos.
Silencio oficial y exigencia ciudadana
Hasta el momento, la Secretaría de Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial, y el alcalde Víctor Julián Sánchez Perico tampoco se ha referido públicamente al caso.
La falta de respuestas genera indignación entre los servidores públicos, quienes se sienten abandonados y sin garantías para ejercer su labor.
“¿Dónde está el supervisor del contrato? ¿Por qué el silencio de la Secretaría de Gobierno?”, cuestionan los funcionarios afectados.
El llamado de la Inspección Cuarta de Policía es urgente: se requiere intervención inmediata para mitigar los riesgos, garantizar condiciones dignas de trabajo y restablecer el servicio público a la comunidad.
En un municipio con los recursos y proyecciones urbanas de Soacha, resulta inadmisible que los espacios destinados a impartir justicia y seguridad funcionen entre aguas negras y abandono.
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