El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó oficialmente la masacre ocurrida en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, un hecho violento que dejó seis personas asesinadas, entre ellas el reconocido líder social campesino Freiman David Velásquez. La guerrilla confirmó su responsabilidad mediante un comunicado difundido el sábado 23 de mayo de 2026, en el que aseguró que el ataque hacía parte de una acción armada dirigida contra presuntos integrantes o colaboradores del frente 33 de las disidencias de las Farc.
La masacre ocurrió el pasado 19 de mayo en una vía rural que conecta los municipios de Ábrego y Ocaña, específicamente en el sector de Oropoma. Según las primeras versiones entregadas por las autoridades, hombres armados interceptaron una camioneta blindada adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y dispararon repetidamente con armas de largo alcance contra los ocupantes del vehículo. En el lugar murieron seis personas, incluyendo dos escoltas asignados al esquema de seguridad del líder social.
Entre las víctimas se encontraba Freiman David Velásquez, integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), quien además había sido presidente del Consejo Departamental de Juventudes de Norte de Santander durante los años 2024 y 2025. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que el joven líder venía denunciando hechos relacionados con reclutamiento forzado, desapariciones y la grave situación de violencia que se vive en la región del Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales.
El ELN justificó la acción asegurando que las víctimas tendrían supuestos vínculos con estructuras armadas disidentes y con sectores del Ejército Nacional, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado dichas acusaciones. El comunicado del grupo insurgente generó rechazo inmediato por parte de organizaciones sociales, entidades defensoras de derechos humanos y representantes del Gobierno nacional, quienes condenaron el asesinato de civiles y líderes comunitarios.
La Defensoría del Pueblo recordó que esta zona de Norte de Santander ya había sido incluida dentro de una Alerta Temprana emitida meses atrás, en la que se advertía sobre el riesgo extremo para las comunidades campesinas debido a la confrontación entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial y de economías ilícitas en el Catatumbo. Además, el organismo indicó que el ataque evidencia el deterioro de las condiciones de seguridad en la región y la vulnerabilidad en la que permanecen líderes sociales y organizaciones campesinas.
Tras conocerse la autoría del crimen, el Ministerio del Interior expresó su rechazo a la masacre y solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y judicializar a los responsables. Asimismo, distintas organizaciones sociales insistieron en que este tipo de ataques representan una amenaza directa contra los procesos organizativos y comunitarios que trabajan en defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en el Catatumbo
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