Soacha está frente a una decisión que puede marcar su futuro por más de una década. El proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial, POT 2025-2039, no es un simple documento técnico: es la hoja de ruta que define dónde se construye, cómo crece la ciudad, qué cargas asumen los urbanizadores y qué tipo de territorio se le deja a la gente.
Y ahí está el problema. Este POT, tal como está planteado, abre demasiadas puertas, deja demasiadas decisiones para después y puede terminar convertido en un cheque en blanco para que el municipio siga creciendo sin resolver primero sus problemas actuales.
Soacha no necesita más promesas en papel. Necesita vías, colegios, salud, seguridad, espacio público, servicios y control real sobre el crecimiento urbano. Pero este proyecto parece insistir en expandir antes que ordenar.
Un POT que abre la puerta a más expansión
El documento no solo adopta una revisión general del POT para el periodo 2025-2039, sino que define cartografía de formulación relacionada con suelo urbano y de expansión urbana, sectores de desarrollo y área neta urbanizable.
Es decir, el proyecto sí deja trazada una ruta para seguir habilitando crecimiento urbano en el municipio.
El punto grave es que Soacha ya está colapsada en movilidad, servicios, equipamientos y espacio público. Entonces la pregunta es directa: ¿para qué seguir expandiendo la ciudad si ni siquiera se ha resuelto lo que ya existe?
Cuando se urbaniza sin garantizar primero vías, colegios, salud, seguridad, parques y transporte, los privados venden, construyen y ganan. Pero la ciudadanía se queda con el trancón, la falta de cupos, la inseguridad y los barrios sin infraestructura suficiente.
Ese es el riesgo de fondo: un POT que puede terminar sirviendo más al negocio del suelo que a la vida diaria de los soachunos.
Cesiones que se pueden mover o pagar: el verdadero cheque en blanco
Uno de los puntos más delicados está en las cesiones urbanísticas. En teoría, cuando se desarrollan proyectos, se deben entregar áreas para parques, equipamientos y espacio público. Eso debería ser una ganancia directa para la ciudad.
Pero el documento abre la puerta a traslados y pagos.
En la página 256, el proyecto habla de cesiones obligatorias mínimas del 35% del área neta urbanizable, distribuidas entre espacio público para parques y equipamientos públicos. Sin embargo, en la página 257 permite compensar en dinero o trasladar parte de esas cesiones, y también señala que hasta el 100% de las cesiones para equipamiento público podrá trasladarse a zonas deficitarias.
La gravedad está ahí: si las cargas se trasladan, se pagan o se compensan, la ciudad puede terminar sin recibir en el sitio lo que realmente necesita.
Y el problema se vuelve más fuerte en la página 276, donde el artículo 390 permite el traslado de cesiones obligatorias para parques y, si no es posible el traslado, abre la posibilidad de pagar a un fondo o fiducia. En la página 277 también se permite cumplir obligaciones de equipamientos públicos mediante pago en dinero, traslado o construcción bajo ciertas condiciones.
Eso es lo que convierte este POT en un cheque en blanco: hoy se aprueba el marco general, pero mañana la aplicación concreta puede depender de decisiones administrativas, fondos, avalúos, traslados y reglamentaciones que la ciudadanía difícilmente podrá controlar.
El parque que no suena a parque
Uno de los puntos que más debe preocupar a la ciudadanía es el llamado Parque Tecnológico y Ambiental – PTA.
El nombre puede sonar bonito, moderno y ambiental. Incluso, la Alcaldía ha salido a desmentir versiones que señalan que allí podría esconderse una especie de botadero o infraestructura de manejo de residuos. Pero el problema de fondo no es solo lo que diga hoy la administración en un comunicado o en una declaración pública.
El verdadero problema es lo que deja escrito el documento.
En la página 126, el proyecto habla de suelos destinados a disposición, transformación y aprovechamiento de residuos sólidos. Allí se mencionan como usos principales la gestión integral de residuos, disposición final, generación de energía, recuperación de materiales de construcción, reciclaje, compostaje, biogás, plantas de separación, biorreactores, biodiésel y comercialización de subproductos.
También se autorizan bodegas, áreas administrativas y construcciones necesarias para esa actividad.
Luego, en la página 127, el documento define el Parque Tecnológico y Ambiental – PTA como suelo de reserva para gestión de residuos. Y no habla de cualquier cosa: menciona residuos sólidos ordinarios, aprovechables, peligrosos, líquidos y saturados, residuos de construcción y demolición, residuos especiales y RAEE.
Además, habla de tratamiento, transformación, valorización y disposición final.
Entonces hay que decirlo sin vueltas: aunque hoy la Alcaldía diga que eso no será un botadero, el articulado deja una puerta abierta. Y si el POT se aprueba con esa redacción, mañana cualquier administración podría usar esa habilitación para desarrollar allí actividades de manejo, tratamiento o disposición de residuos amparándose en lo que ya quedó aprobado.
Ahí está la gravedad.
No se trata de generar miedo sin fundamento. Se trata de leer el documento. Si el texto permite disposición, tratamiento, transformación, valorización y manejo de diferentes tipos de residuos, el riesgo no desaparece porque una administración lo niegue en público.
Una vez firmado el POT, ya no hay vuelta atrás fácil. Lo que hoy se presenta como una explicación tranquila puede convertirse mañana en una decisión administrativa difícil de frenar, porque la base jurídica ya estaría aprobada.
Soacha merece claridad total. No palabras bonitas. No nombres disfrazados. No conceptos técnicos que la gente no entiende. Si es un parque, que sea parque. Si es infraestructura de residuos, que lo digan de frente.
Tres problemas grandes que no se pueden ignorar
El primer problema es que el POT prioriza la expansión. Soacha ya tiene barrios con necesidades urgentes, vías colapsadas y servicios insuficientes, pero el proyecto mantiene abierta la puerta al crecimiento urbano.
El segundo problema es que las cargas urbanísticas pueden terminar diluyéndose. Las cesiones, que deberían garantizar parques y equipamientos reales para la gente, pueden trasladarse, pagarse o compensarse. Eso deja demasiada discrecionalidad y poca certeza para la ciudadanía.
El tercer problema es el Parque Tecnológico y Ambiental. Un proyecto que suena a parque, pero que en el documento aparece asociado a residuos, disposición final, plantas, bodegas, tratamiento, transformación y valorización. Ese punto exige explicación pública inmediata.
Soacha no puede firmar a ciegas
Un POT no se aprueba para salir del paso. Se aprueba para definir el futuro de la ciudad.
Por eso este proyecto debe discutirse con seriedad, con documentos en la mano y con la ciudadanía entendiendo lo que realmente dice. No basta con discursos técnicos ni presentaciones bonitas.
Si el Concejo aprueba un POT con estas puertas abiertas, Soacha puede quedar amarrada por años a un modelo donde se expande la ciudad, los privados ganan con el suelo, las obligaciones se trasladan o se pagan, y la comunidad sigue esperando soluciones reales.
El POT debe ordenar a Soacha, no entregarla.
Y si este documento se convierte en un cheque en blanco, quienes van a terminar pagando no serán los urbanizadores ni los funcionarios: serán los habitantes de Soacha.
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