La justicia determinó que el exabogado de Alvaro Uribe incurrió en maniobras ilegales para alterar declaraciones en un proceso judicial.
El Juzgado Tercero de Conocimiento de Bogotá condenó al abogado Diego Cadena a 84 meses de prisión domiciliaria por el delito de soborno a testigos en actuación penal. La decisión judicial se centra en los hechos relacionados con su actuación como abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco de un polémico proceso que ha marcado la agenda nacional en los últimos años.
La justicia determinó que Cadena incurrió en maniobras ilegales para alterar testimonios dentro de un proceso que involucraba directamente a Uribe. En particular, el juez Fabián Moreno encontró probado que Cadena ofreció beneficios jurídicos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve con el objetivo de que este se retractara de sus acusaciones contra el exmandatario. Monsalve había señalado a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares, y su testimonio era considerado clave dentro del expediente.
Según lo establecido en la sentencia, Cadena actuó en concierto con Enrique Pardo Hasche, otro interno de la cárcel La Picota, donde se encontraba recluido Monsalve. El juez determinó que ambos ofrecieron un supuesto recurso de revisión judicial a cambio de que el exparamilitar cambiara su versión de los hechos, lo que constituye un intento deliberado de manipular la evidencia dentro del proceso.
Aunque la Fiscalía y la defensa de Cadena presentaron versiones encontradas a lo largo del juicio, el despacho judicial concluyó que existían elementos suficientes para proferir una condena. Entre las pruebas determinantes se incluyeron grabaciones de conversaciones, testimonios de terceros y análisis de las visitas que Cadena realizó al centro penitenciario.
Sin embargo, el juez también aclaró que la condena no incluye otro de los episodios por los que Cadena era investigado: el caso del testigo Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”. En ese proceso, Cadena fue absuelto debido a que no se encontraron pruebas contundentes que lo vincularan directamente con un intento de soborno. De igual forma, su socio, el abogado Juan José Salazar, fue absuelto de cualquier responsabilidad en ambos casos.
El fallo llega en un contexto aún más complejo, ya que ocurre de manera paralela a la reciente condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe, quien en otro juzgado recibió una sentencia de 12 años de prisión domiciliaria por los mismos hechos, aunque abarcando tanto el caso de Monsalve como el de Vélez. Esta diferencia en las decisiones judiciales ha suscitado un debate profundo sobre la coherencia en la aplicación de la justicia, especialmente cuando se trata de figuras públicas y procesos de alto perfil.
Diversos sectores han expresado preocupación sobre la disparidad en los criterios judiciales, señalando que la justicia colombiana debe fortalecer la uniformidad en la valoración de pruebas y la imposición de penas. Al mismo tiempo, otros han defendido la independencia de los jueces, argumentando que cada caso tiene particularidades que justifican decisiones distintas.
La condena contra Diego Cadena aún no ha quedado en firme y podrá ser apelada por su equipo de defensa ante una instancia superior. Mientras tanto, el abogado deberá cumplir la sanción en su residencia, bajo la modalidad de prisión domiciliaria, lo cual implica restricciones de movilidad y vigilancia permanente.
Este caso representa un nuevo capítulo en el extenso expediente judicial que involucra al expresidente Uribe y a su entorno cercano, y podría tener repercusiones de largo alcance tanto en el plano judicial como político. La opinión pública sigue con atención el desarrollo de estos procesos, que podrían marcar un precedente histórico en el tratamiento de la justicia frente a quienes han ocupado los más altos cargos del poder en Colombia.
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