La cadena de tiendas de bajo costo alerta sobre intimidaciones contra su operación. El Eln sería el grupo detrás de los hechos. Se solicita garantizar la seguridad de empleados y clientes.
La reconocida cadena de tiendas de descuento D1 emitió un comunicado oficial este martes 5 de agosto, denunciando amenazas directas contra su operación en los departamentos de Chocó y Risaralda, supuestamente por parte de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“D1 expresa su profunda preocupación por las amenazas recibidas contra nuestra operación en los departamentos de Chocó y Risaralda por parte de grupos armados al margen de la Ley”, expresó la empresa.
La compañía rechazó de forma categórica estos hechos y hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de sus trabajadores, clientes, proveedores y aliados.

Llamado a garantizar la continuidad de operaciones
El comunicado enfatiza la necesidad de una respuesta inmediata de parte del Estado para proteger no solo la operación logística y comercial de D1, sino también la vida e integridad de cientos de trabajadores y familias que dependen del empleo generado en estas regiones.
“Solicitamos con el mayor respeto y la mayor urgencia al Gobierno Nacional tomar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de nuestros trabajadores, clientes, aliados y proveedores, así como velar por el normal desarrollo de nuestras operaciones”, afirmó la cadena.
Hasta el momento, no se han reportado ataques directos, pero las amenazas habrían llegado a través de mensajes intimidatorios en zonas donde opera la cadena, generando alarma entre el personal y obligando a extremar medidas de precaución.

Contexto: inseguridad y presencia de grupos armados
Chocó y Risaralda son departamentos donde persiste la presencia activa de grupos armados al margen de la ley, que han ejercido control territorial, económico y social sobre varias comunidades. El Eln, según versiones preliminares, estaría detrás de las amenazas contra establecimientos comerciales como parte de una estrategia de presión extorsiva y control de rutas logísticas.
La empresa aún no ha anunciado cierres o suspensión de operaciones, pero advierte que la situación pone en riesgo la continuidad del servicio, especialmente en zonas vulnerables donde sus tiendas representan uno de los pocos canales de abastecimiento de alimentos básicos.
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