En una decisión histórica, la Sala Plena del Conejo Nacional Electoral decidió sancionar la campaña “Petro Presidente” por violar los topes de financiación electoral y financiarse con recursos prohibidos. La votación fue de seis a tres magistrados a favor.
Qué determinó la sanción
La campaña habría sobrepasado los límites de gasto legal en ambas vueltas electorales, con un exceso de al menos COP 5.300 millones (unos 1,4 millones de dólares) según la resolución.
Entre las irregularidades señaladas están aportes no reportados realizados por sindicatos como Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), pagos a testigos electorales, publicidad política en medios sin declarar gastos correspondientes, entre otros. Los sancionados directamente con multas son responsables financieros de la campaña: el exgerente hoy presidente de una entidad estatal, la auditora y la tesorera.
Además, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP) fueron multados individualmente, Se trata según informes de prensa, de la primera sanción contra una campaña presidencial en Colombia.
Reacciones divididas: rechazo del oficialismo y respaldo de la oposición
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como un “ataque político”, afirmando que el CNE ha mostrado históricamente animadversión contra el presidente Petro y su movimiento.
El partido Colombia Humana y la Unión Patriótica difundieron comunicados denunciando la sanción como “una vulneración a la seguridad jurídica” y una maniobra que busca “debilitar el proyecto de cambio” en vísperas del ciclo electoral 2026.
Algunos dirigentes del sector afirmaron que la sanción se da en un contexto de presión sobre la personería jurídica de su coalición, lo que generan preocupación por la estabilidad del bloque político.
Oposición y críticos a la campaña
Por su parte, figuras de la oposición celebraron la sanción como un avance hacia la transparencia electoral. La senadora Paloma Valencia (de la bancada uribista) afirmó que el fallo confirma lo que muchos ya sospechaban: que la campaña de Petro “llegó al poder con recursos irregulares y excediendo los topes permitidos”.
La ex-periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila calificó la situación como “corrupción electoral” y dijo que la sanción debería abrir paso a sanciones más severas.
Otros sectores reclaman la publicación de los informes completos de las entidades de control como la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) para clarificar el origen de los aportes cuestionados.
Implicaciones políticas e institucionales
- La sanción representa un precedente importante en la regulación de financiamiento electoral en Colombia: nunca antes se había sancionado una campaña presidencial con este nivel de detalle.
- La multa y el señalamiento podrían complicar la estructura de partidos del oficialismo Colombia Humana y UP, especialmente con elecciones venideras en 2026.
- Si bien el presidente Petro está blindado por su fuero presidencial en este proceso, el caso podría alimentar debates sobre responsabilidad política y ética electoral.
- A nivel de opinión pública, la decisión reaviva cuestionamientos sobre transparencia, equidad en contiendas electorales y la influencia de sindicatos u otros grupos de poder en campañas.
La sanción impuesta por el CNE a la campaña de Gustavo Petro 2022 pone en evidencia las fallas en control de financiación electoral y marca un precedente judicial importante. Mientras un sector lo califica de persecución política, otro lo ve como un avance hacia la rendición de cuentas y la limpieza del sistema electoral. Lo cierto es que, más allá de los discursos, este fallo reconfigura el panorama político y pone sobre la mesa la urgencia de regular con rigor el financiamiento de campañas en Colombia.
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