En Soacha estalló la indignación ciudadana tras conocerse que el alcalde Víctor Julián Sánchez Perico firmó un contrato con una funcionaria que, días después, fue capturada por un millonario escándalo de corrupción.
Se trata de Mónica Tatiana León González, exsecretaria de la Comisión de la Verdad, señalada de participar en la creación de contratos falsos y desvío de recursos públicos por más de 20 mil millones de pesos. La Fiscalía la capturó por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal.
El contrato en Soacha
Pese a ese prontuario judicial, la Alcaldía de Soacha, a través de la ESE Municipal Julio César Peñaloza, le adjudicó a León González el contrato 1618-2024, con un valor de $19 millones. El objeto: “apoyo operativo en programas de salud”.
El documento oficial, visible en la plataforma pública SECOP II, confirma la contratación, que se firmó bajo la administración del alcalde Perico.
Una afrenta a la confianza ciudadana
Lo grave no es solo que la contratista enfrente hoy un proceso penal de alto impacto. Lo preocupante es que la administración municipal le abrió las puertas a alguien con antecedentes cuestionables, dejando en evidencia la falta de filtros y controles en la contratación pública de Soacha.
¿Es negligencia? ¿Complicidad? ¿O simple desprecio por la transparencia? Lo cierto es que este caso refleja cómo, bajo el gobierno de Perico, la meritocracia y la ética parecen haber quedado relegadas a un segundo plano.
El prontuario de León González
De acuerdo con documentos anexos en su hoja de vida y certificaciones oficiales, León González pasó por varias entidades públicas y privadas, incluyendo la Comisión de la Verdad (a través de un contrato con el PNUD en 2018) y consultorías en temas administrativos.
La justicia ahora la señala como parte de una red que habría montado un esquema fraudulento con contratos simulados y maniobras para desviar recursos públicos.
Soacha exige explicaciones
El silencio de la Alcaldía ante este escándalo solo aumenta la indignación. Mientras en la ciudad persisten problemas graves como inseguridad, movilidad colapsada, inundaciones y desorden urbano, el gobierno local queda manchado por decisiones administrativas que favorecen a personas hoy señaladas por robarle al país.
La pregunta es directa: ¿qué controles aplicó la administración Perico antes de firmar este contrato? Y, sobre todo, ¿cómo confiar en un gobierno que se asocia con rostros de la corrupción nacional?
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