El Programa de Alimentación Escolar (PAE), creado para garantizar comida a miles de niños en el país, vuelve a estar en el ojo del huracán. Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló presuntas irregularidades millonarias en el manejo de recursos, y Soacha aparece como uno de los casos más preocupantes.
Hallazgos fiscales por más de $53 mil millones
Tras 40 actuaciones de control realizadas en 2025 sobre recursos del PAE, la Contraloría identificó hallazgos con presunta incidencia fiscal por $53.117 millones en distintas regiones del país. Las auditorías revisaron recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, entidades territoriales y regalías.
Dentro de este panorama nacional, las irregularidades detectadas incluyen:
- Sobrecostos por más de $18.106 millones.
- Pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones.
- Problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones.
- Incumplimientos de lineamientos del programa por $649 millones.
Soacha, el caso más crítico
El informe señala que la región Centro Oriente concentra la mayor cuantía de hallazgos. En ese contexto, Soacha registra el caso más impactante, con un hallazgo fiscal de $3.550 millones.
Según la Contraloría, el presunto detrimento se originó por la inclusión de costos superiores a los realmente ejecutados por el contratista, lo que encendió las alarmas sobre la vigilancia de los recursos destinados a la alimentación de niños y jóvenes.
Problemas que afectan a estudiantes
La situación no solo se limita a lo fiscal. El ente de control también advirtió que cerca de 783.000 estudiantes podrían verse afectados por retrasos en el inicio del programa de alimentación escolar en varias entidades territoriales durante 2026.
La Contraloría enfatizó que estas fallas comprometen recursos públicos y pueden impactar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, especialmente en zonas donde el PAE es clave para la asistencia escolar.
Un problema recurrente en el PAE
El nuevo informe reabre el debate sobre la transparencia y el control de los recursos del programa, que históricamente ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en distintas regiones del país.
Conclusión
El hallazgo fiscal en Soacha vuelve a poner el foco sobre el manejo del PAE y la necesidad de fortalecer la supervisión. Mientras avanzan las investigaciones, el reto sigue siendo garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar lleguen realmente a quienes más los necesitan: los niños y jóvenes del país.
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