Entrar a una universidad puede parecer, en la actualidad, algo cotidiano: asistir a clase, investigar, discutir una idea, elegir representantes o cuestionar una decisión de las directivas. Pero muchas de esas posibilidades están relacionadas con una conquista que en Colombia tiene una historia marcada por movilizaciones, enfrentamientos, persecuciones y estudiantes que perdieron la vida.
La autonomía universitaria no significa que una universidad pueda hacer cualquier cosa sin límites. Significa que tiene un espacio propio para enseñar, investigar, organizarse y desarrollar su pensamiento sin recibir órdenes sobre su actividad académica por parte de poderes externos. Y llegar a reconocer esa libertad en la Constitución colombiana fue el resultado de una historia mucho más larga.
¿Qué significa realmente autonomía?
El artículo 69 de la Constitución Política de 1991 establece que “se garantiza la autonomía universitaria” y permite que las universidades se den sus propias directivas y se rijan por sus estatutos, de acuerdo con la ley.
La Ley 30 de 1992 desarrolló posteriormente este principio. Su artículo 28 establece que las universidades pueden modificar sus estatutos, designar autoridades académicas y administrativas, crear y organizar programas, definir sus actividades docentes y científicas, seleccionar profesores, admitir estudiantes y administrar sus recursos.
La Corte Constitucional ha explicado que esta autonomía protege también las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y busca preservar el pluralismo y la libertad de pensamiento dentro de las instituciones.
Pero autonomía no significa ausencia de reglas. Las universidades deben respetar la Constitución, los derechos fundamentales y las leyes, mientras el Estado conserva funciones de inspección y vigilancia sobre la educación superior.
La autonomía no comenzó en 1991
La Constitución de 1991 fue fundamental, pero no fue el primer momento en que Colombia habló jurídicamente de autonomía universitaria.
El Decreto 80 de 1980 ya reconocía a las instituciones de educación superior facultades relacionadas con sus programas académicos, organización, gobierno, personal y recursos, además de reconocer el ejercicio de la crítica, la cátedra, el aprendizaje, la investigación y la controversia ideológica y política.
La gran diferencia fue que en 1991 el principio quedó incorporado directamente en la Constitución.
La Asamblea Nacional Constituyente de ese año convirtió la autonomía en una garantía constitucional, y en 1992 el Congreso, durante el gobierno de César Gaviria, expidió la Ley 30 para organizar el servicio público de educación superior y desarrollar ese mandato constitucional.
Pero antes hubo calles, huelgas y estudiantes
La historia no se puede contar solamente desde las leyes.
Durante décadas, los estudiantes colombianos participaron en movilizaciones para reclamar cambios en la educación, mayor participación en el gobierno universitario, libertad académica y mejores condiciones para estudiar.
Uno de los momentos fundamentales ocurrió en 1971, cuando el movimiento estudiantil adquirió una dimensión nacional.
En febrero y marzo de ese año se realizaron encuentros nacionales que dieron origen al llamado Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos. Entre sus propuestas estaban modificar los órganos de gobierno universitario, ampliar la participación estudiantil y profesoral, aumentar el presupuesto de las universidades públicas y reconocer organizaciones estudiantiles autónomas.
La discusión ya no era solamente sobre matrícula o infraestructura.
Era también sobre quién debía decidir qué ocurría dentro de una universidad.
Investigaciones históricas sobre el movimiento de 1971 señalan que sus reivindicaciones pusieron en el centro el cogobierno y la participación de estudiantes y profesores en las decisiones universitarias.
Los estudiantes caídos
Hablar de autonomía universitaria también significa hablar de quienes fueron asesinados durante diferentes episodios de violencia contra el movimiento estudiantil.
Uno de los casos más recordados es el de Gonzalo Bravo Pérez, asesinado durante una protesta en Bogotá en 1929. Su muerte quedó vinculada a la memoria histórica del movimiento estudiantil colombiano.
Veinticinco años después ocurrió otro episodio que marcaría profundamente a las universidades.
El 8 de junio de 1954, durante una jornada de conmemoración por la muerte de Bravo Pérez, fue asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez Restrepo, de 23 años.
Al día siguiente, una nueva movilización estudiantil fue reprimida. El Centro Nacional de Memoria Histórica registra 11 estudiantes asesinados y 50 personas heridas durante aquellos hechos del 9 de junio.
Desde entonces, el 8 y 9 de junio quedaron asociados a la memoria del Día del Estudiante Caído.
La Universidad Nacional también fue escenario de persecución
Décadas después, la violencia continuó afectando a estudiantes universitarios.
En 1984, uno de los casos que permanece en la memoria de la Universidad Nacional es el de Jesús Humberto “Chucho” León Patiño, estudiante de Odontología y dirigente estudiantil.
León Patiño fue asesinado y torturado en Cali el 9 de mayo de 1984, cuando tenía 23 años. La Universidad Nacional ha documentado su papel en las luchas estudiantiles y la recuperación de las residencias universitarias.
Una semana después, el 16 de mayo de 1984, una protesta en la Universidad Nacional terminó en hechos violentos que provocaron asesinatos, desapariciones y el cierre del campus durante aproximadamente 11 meses.
Estos episodios forman parte de una historia mucho más amplia. Una investigación publicada por la Universidad Nacional sobre violencia contra el estudiantado universitario documenta casos de homicidio, desaparición, persecución y exilio en diferentes periodos del conflicto político y armado colombiano.
¿Por qué importa hoy?
La autonomía universitaria protege algo que puede parecer sencillo, pero que resulta fundamental para una sociedad democrática: la posibilidad de investigar y cuestionar.
Una universidad debe poder estudiar una teoría, discutir una decisión del Gobierno, investigar un problema social o formular una crítica sin que una autoridad externa determine qué puede enseñarse o qué conclusión debe obtenerse.
Eso no significa que las universidades estén por fuera del Estado. La Corte Constitucional ha señalado que la autonomía convive con las competencias del legislador, la inspección estatal y el respeto de los derechos fundamentales.
La autonomía, entonces, no es una licencia para actuar sin límites.
Es una garantía para que el conocimiento pueda desarrollarse con libertad.
Una historia que todavía tiene preguntas
Los estudiantes de hoy pueden entrar a una universidad, abrir un libro, cuestionar a un profesor, investigar una idea o participar en una movilización porque existen derechos y garantías que hoy parecen parte de la vida cotidiana.
Pero detrás de esas libertades existe una historia que incluye a jóvenes que marcharon, fueron perseguidos, resultaron heridos y, en algunos casos, nunca regresaron a sus casas.
La autonomía universitaria quedó escrita en la Constitución de 1991 y desarrollada por la Ley 30 de 1992.
Pero su historia comenzó mucho antes.
Y quizás la pregunta que queda para las nuevas generaciones no es solamente qué significa tener autonomía universitaria, sino qué debe hacer una sociedad para que defender una idea, investigar una verdad o protestar pacíficamente nunca vuelva a costarle la vida a un estudiante.
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