Una nueva polémica se desató en el Congreso de la República luego de que se hundiera el proyecto de ley conocido como “Borrón y Cuenta Nueva 2.0”, iniciativa que buscaba beneficiar a millones de colombianos reportados en centrales de riesgo como Datacrédito. La propuesta pretendía ofrecer una segunda oportunidad financiera a las personas que se encontraban en mora, permitiéndoles limpiar su historial crediticio una vez se pusieran al día con sus obligaciones económicas.
El hundimiento del proyecto generó fuertes reacciones dentro del escenario político, especialmente por parte del representante a la Cámara Alejandro Ocampo, quien criticó duramente la decisión y aseguró que el principal favorecido fue el sector bancario. Según el congresista, cerca de siete millones de ciudadanos continuarán reportados negativamente en las centrales de riesgo, situación que seguirá limitando sus posibilidades de acceder a créditos, arrendar vivienda, obtener tarjetas bancarias e incluso conseguir empleo en algunas empresas que revisan el historial financiero de los aspirantes.
La iniciativa legislativa contemplaba varios beneficios para los deudores. Entre ellos, se encontraba la posibilidad de reducir significativamente el tiempo de permanencia de los reportes negativos después de pagar la deuda. También planteaba alivios especiales para personas con créditos educativos, pequeños comerciantes y ciudadanos afectados económicamente por distintas crisis financieras. El objetivo principal era facilitar la reintegración de millones de personas al sistema financiero formal.
De acuerdo con Ocampo, el proyecto no avanzó debido a la falta de voluntad política dentro del Congreso y a presuntas presiones ejercidas por entidades financieras interesadas en mantener las actuales condiciones del sistema de reportes crediticios. El representante cuestionó que la discusión no fuera priorizada dentro de la agenda legislativa antes del cierre de la legislatura, lo que finalmente provocó que la propuesta se archivara automáticamente.
El debate también volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el funcionamiento de Datacrédito y otras centrales de riesgo en Colombia. Mientras algunos sectores consideran que estas herramientas son necesarias para garantizar el control financiero y evaluar el comportamiento de pago de los ciudadanos, otros aseguran que los reportes negativos terminan convirtiéndose en una barrera social y económica que afecta principalmente a las personas de bajos recursos.
Además, defensores del proyecto señalaron que muchas personas caen en mora debido a situaciones de desempleo, emergencias familiares o dificultades económicas temporales, pero que, aun después de ponerse al día con sus deudas, continúan cargando durante años con antecedentes negativos que limitan su recuperación económica.
El hundimiento de “Borrón y Cuenta Nueva 2.0” recordó además la primera versión de esta ley, aprobada en 2021, que permitió que miles de colombianos pudieran salir temporalmente de los reportes negativos tras normalizar sus obligaciones financieras. Aunque aquella medida benefició a numerosos ciudadanos, algunos sectores consideraron que fue insuficiente y que todavía hacía falta una reforma más amplia para garantizar mayores oportunidades de inclusión financiera.
Con esta decisión, millones de personas seguirán bajo las actuales reglas de permanencia en centrales de riesgo, mientras continúa creciendo el debate político y social sobre el equilibrio entre los derechos de los usuarios del sistema financiero y los intereses de las entidades bancarias en Colombia.
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