El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció oficialmente la reapertura de las negociaciones con el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia. El nuevo ciclo de conversaciones se llevará a cabo en Doha, Catar, país que actúa como garante y mediador del proceso.
Según la Casa de Nariño, el objetivo no es solo la desmovilización de la estructura armada, sino también una transformación social en las regiones donde el grupo tiene fuerte influencia, como el Urabá, el Bajo Cauca antioqueño y parte de Córdoba. Allí, la violencia, la minería ilegal y el narcotráfico han marcado la vida cotidiana de miles de familias.
El anuncio ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores oficialistas defienden la apuesta de Petro como una oportunidad histórica para reducir la criminalidad, voces de oposición advierten que se trata de una “legitimación política” de una organización narcotraficante con amplio poder territorial y económico.
La presencia de Catar como escenario y mediador internacional busca darle garantías y un marco de seriedad al proceso, similar al que tuvo Cuba en los diálogos con las FARC. Sin embargo, expertos recuerdan que este grupo, a diferencia de la antigua guerrilla, carece de ideología política y actúa principalmente como una federación criminal.
El reto del Gobierno será demostrar que este nuevo intento de paz no termina en un fracaso más dentro del largo historial de acercamientos con estructuras armadas en Colombia, sino en una salida concreta para reducir la violencia y recuperar el control estatal en territorios olvidados.
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