Soacha, Cundinamarca. Un error mortal le costó la vida a Liyela Nathzabary Malaver Agudelo, una joven de 28 años con siete meses de embarazo, asesinada el sábado 26 de julio en las inmediaciones de Unisur. Aunque en apariencia se trató de un ataque aislado, la realidad detrás del crimen -podría- revelar una situación alarmante: una red de extorsión y control armado que azota diariamente al sector de transporte informal del municipio.
Según fuentes cercanas al caso, Liyela no era el objetivo del sicario. La joven, madre de un niño de seis años, estaba cubriendo por unos minutos a una compañera que se ausentó brevemente para ir al baño. Durante ese lapso, un hombre armado se le acercó y le disparó en la cabeza. “La bala no era para ella. La que debía estar ahí era otra. Fue un error”, confirmó la fuente.
Este asesinato no solo sacude al gremio de trabajadores informales —quienes desde hace meses denuncian cobros de “vacunas” por parte de bandas organizadas— sino que ocurre apenas días después de que el alcalde Julián Perico ofreciera una rueda de prensa para celebrar la captura de una estructura criminal dedicada a extorsionar a los transportadores en Soacha.
No obstante, y pese a ese anuncio con bombos y platillos, el crimen de Liyela parece contradecir el mensaje oficial: el miedo sigue gobernando las calles, las amenazas continúan y el control territorial por parte de grupos ilegales no se ha frenado.
Hasta el momento, la única reacción oficial de la administración municipal ha sido pedirle a la Fiscalía que investigue el caso, pese a que la víctima era una joven madre trabajadora informal en estado de gestación.
El crimen de Liyela Nathzabary Malaver —por más que algunos quieran reducirlo a una cifra más— refleja una verdad incómoda: en Soacha se mata por equivocación, se extorsiona por costumbre y se gobierna con anuncios, no con resultados.
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