La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Laura Sarabia, exjefa de Gabinete de la Presidencia durante el gobierno de Gustavo Petro, por hechos relacionados con la prueba de polígrafo practicada en 2023 a su exempleada Marelbys Meza.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la exfuncionaria será señalada por la presunta comisión de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, en relación con el procedimiento al que fue sometida Meza tras la desaparición de dinero y documentos de una maleta que se encontraba en la residencia de Sarabia.
El caso se remonta a enero de 2023, cuando Marelbys Meza, quien trabajaba como empleada doméstica de Sarabia, fue trasladada a una instalación de inteligencia ubicada frente a la Casa de Nariño para realizarse una prueba de polígrafo. Según la investigación, la Fiscalía busca determinar si la entonces funcionaria utilizó de manera indebida su posición y recursos oficiales para llevar a cabo el procedimiento.
La investigación sostiene que Meza habría sido sometida al examen sin un consentimiento considerado plenamente voluntario por las autoridades. Este episodio posteriormente se convirtió en uno de los principales escándalos relacionados con la entonces funcionaria y derivó en otras investigaciones por actuaciones presuntamente irregulares.
La formulación de imputación está prevista para el 14 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el Complejo Judicial de Paloquemao, donde un juez de control de garantías escuchará la solicitud de la Fiscalía y el pronunciamiento de la exfuncionaria frente a los cargos.
El caso de Marelbys Meza ha permanecido bajo investigación durante varios años y también ha estado relacionado con las interceptaciones ilegales de comunicaciones de Meza y de otra exempleada, hechos que involucraron a funcionarios y miembros de la Policía y que fueron objeto de investigaciones independientes.
La imputación, sin embargo, no representa una declaración de responsabilidad penal ni una condena. Será durante el desarrollo del proceso judicial cuando se establezca si existen responsabilidades frente a los hechos investigados y cuál será la decisión de las autoridades competentes.
La noticia vuelve a poner en el centro del debate uno de los casos que más controversia generó alrededor de la Presidencia de Colombia en 2023 y que, tres años después, llega a una nueva etapa judicial.
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