Un paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) afecta actualmente a varios territorios de Colombia y se extenderá por 72 horas, hasta el 17 de diciembre. Al menos seis departamentos han sentido el impacto de esta medida, marcada por acciones violentas y restricciones a la movilidad. Este tipo de prácticas no es nuevo: el país ha vivido paros armados de manera recurrente desde comienzos de los años noventa.
En las primeras 36 horas del paro, la guerrilla ha ejecutado hechos violentos principalmente en Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Santander y La Guajira. Aunque no existe una definición única, el paro armado es una táctica usada históricamente por grupos insurgentes para ejercer control territorial y presión política.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) define el paro armado como una acción violenta generalizada en una zona específica, acompañada de prohibiciones al transporte y a la movilidad, que afecta tanto a civiles como a fuerzas militares. Investigadores como Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo lo describen como el uso —o la amenaza— de la violencia para obligar a la población a suspender actividades sociales y económicas durante un tiempo determinado.
En esencia, se trata de un mensaje político con el que los grupos armados buscan demostrar poder, presionar al Estado e infundir miedo en las comunidades. Estudios académicos señalan que estas acciones implican el bloqueo de la movilidad, el cierre del comercio, la suspensión de clases y la interrupción de actividades culturales, electorales y productivas.
La gravedad del paro armado radica en que paraliza regiones enteras mediante el temor, afecta de forma directa a la población civil y evidencia las limitaciones del Estado para garantizar seguridad. Además, genera impactos económicos y humanitarios inmediatos, especialmente en zonas históricamente marginadas, con confinamientos forzados y restricciones al transporte y al abastecimiento.
Estas acciones también deterioran la confianza en los procesos de paz, refuerzan el control territorial del ELN y representan un desafío abierto al Gobierno. La delegación oficial de paz criticó el paro, señalando que la supuesta protesta contra decisiones del Gobierno estadounidense termina afectando injustificadamente a las comunidades.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que los paros armados constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales y someter a la población civil al miedo.
Durante este paro, se han registrado atentados como el ataque al peaje La Lizama, en Santander; disparos contra una subestación de Policía en Maicao; la instalación de cilindros bomba en vías de Norte de Santander; el bloqueo de la Ruta del Sol con una tractomula en el sur del Cesar; y la quema de un bus intermunicipal en Valdivia, Antioquia.
Según investigaciones académicas, entre 2000 y 2022 se registraron cerca de 87 paros armados en Colombia: 31 atribuidos al ELN y 42 a las extintas FARC. Antioquia ha sido el departamento más afectado históricamente, seguido de Arauca, además de regiones como Chocó, Putumayo, Caquetá, Meta, Tolima y el Sumapaz.
Los estudios concluyen que la frecuencia de estos paros depende del contexto político y militar. Por ejemplo, entre 2005 y 2009 el ELN no realizó paros armados, coincidiendo con etapas de negociación con el gobierno de entonces.
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