El Concejo Municipal de Soacha aprobó el Proyecto de Acuerdo No. 41 de 2025, mediante el cual se entregan facultades pro tempore al alcalde Julián Sánchez ‘Perico’ para rediseñar completamente la estructura administrativa del municipio. Aunque la propuesta se presentó como un paso hacia una “administración moderna y eficiente”, para muchos sectores ciudadanos y analistas la medida prende todas las alarmas: ¿se trata realmente de una optimización institucional o de una puerta abierta para reorganizar el poder interno a favor del mandatario y su círculo político?
Un rediseño institucional en el peor momento político posible
Este tipo de facultades, que permiten al alcalde modificar dependencias, fusionar áreas, crear o eliminar cargos, son herramientas que han sido utilizadas históricamente en Colombia con dos enfoques posibles:
- Modernización administrativa, o
- Reacomodo político interno.
El contexto de Soacha hace que la segunda opción gane fuerza:
Estamos a las puertas de elecciones de Cámara y Senado en 2026, una campaña presidencial que ya empieza a moverse, y solo dos años antes de las elecciones locales de 2027. Otorgar al alcalde un poder tan amplio en este momento permite que la estructura institucional pueda diseñarse para favorecer aliados, castigar contradictores y asegurar una maquinaria que respalde proyectos políticos futuros.
Las facultades permiten remover personal y reconfigurar dependencias
El acuerdo aprobado por el Concejo faculta al alcalde para:
- Reestructurar secretarías.
- Crear o eliminar dependencias.
- Redefinir perfiles de los cargos.
- Trasladar, suprimir o crear empleos.
- Cambiar funciones internas de unidades administrativas.
Todo esto, sin pasar nuevamente por control político del Concejo, pues ese es precisamente el alcance de las “facultades pro tempore”.
En términos prácticos, esto significa que cualquier funcionario que no sea de la línea del alcalde podría quedar por fuera, no necesariamente por bajo desempeño, sino porque el cargo desaparece o se modifica. Este tipo de procesos, cuando no tienen vigilancia estricta, terminan siendo usados para limpiar la administración de voces críticas y reemplazar personal técnico por funcionarios afines políticamente.
Los riesgos están documentados: las reestructuraciones han sido usadas en Colombia para consolidar poder
Diversos informes de la Procuraduría, la ESAP y estudios de universidades públicas han mostrado cómo en múltiples municipios del país las reestructuraciones administrativas:
- Se adelantan sin estudios técnicos reales, sino como excusas para reorganizar plantilla de personal.
- Permiten despidos masivos encubiertos, amparados en “supresión de cargos”.
- Crean dependencias nuevas sin justificación, usadas para nombrar contratistas o funcionarios de confianza.
- Fortalecen maquinarias electorales, especialmente cuando coinciden con periodos preelectorales.
Soacha, con su historial de rotación política acelerada y tensiones entre administración y ciudadanía, no es ajena a estos riesgos.
Un alcalde que no ha mostrado resultados y ahora tendrá más poder que nunca
Dos años después del inicio de la administración, la percepción generalizada en la ciudadanía es que el mandatario no ha logrado avances significativos en movilidad, seguridad, infraestructura ni empleo. En ese escenario, otorgarle un poder tan amplio —sin contrapesos inmediatos— genera inquietud sobre su uso real.
Más aún cuando el gobierno local se ha caracterizado por decisiones improvisadas, debilitamiento institucional en áreas como comisarías e inspecciones, y una creciente distancia entre la administración y la ciudadanía que exige resultados.
¿Optimización o maquinaria? Lo que podría venir
Con estas facultades, el alcalde:
- Podría reemplazar funcionarios de carrera por personal de confianza mediante cambios en perfiles.
- Podría crear dependencias hechas a la medida de sus aliados políticos.
- Podría reducir o eliminar áreas sensibles para el control ciudadano.
- Podría redireccionar la estructura administrativa para concentrar poder y favorecer campañas, tanto propias como de candidatos cercanos.
Esto es especialmente crítico en un municipio donde el empleo público representa una de las principales fuentes de vinculación política.
Conclusión: un cheque en blanco peligroso
El Proyecto de Acuerdo 41 no es menor.
No es técnico.
No es neutro.
Es una de las herramientas más poderosas que un Concejo puede entregar a un alcalde, y hacerlo en este momento político, en un municipio con tantas tensiones y tan pocos resultados, deja a la ciudadanía frente a una realidad preocupante:
Soacha queda en manos de un mandatario con la capacidad de reorganizar toda la administración…
pero sin garantías de que lo hará pensando en la ciudad y no en su propio proyecto político.
La administración pública debería estar al servicio de la gente, no de intereses particulares.
El tiempo —y el uso de estas facultades— dirá cuál de esos dos caminos tomó Soacha.
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