Una nueva alerta se abre alrededor del servicio de aseo en Soacha. La Contraloría Municipal habría iniciado una indagación preliminar para revisar si existió una posible afectación al patrimonio público relacionada con la entrega de dividendos y la participación accionaria que tiene el municipio en Urbaser Soacha.
De acuerdo con la información conocida, el proceso se habría abierto mediante el Auto No. 032 de 2026, con el propósito de establecer si hay hechos que ameriten investigación fiscal, posibles responsables y un eventual daño a los recursos públicos.
Es importante aclararlo desde el inicio: esto no significa una sanción, ni una condena, ni una responsabilidad ya definida. Una indagación preliminar es una etapa inicial en la que el órgano de control busca determinar si realmente hubo irregularidades o pérdida de recursos.
La pregunta de fondo: ¿qué pasó con la plata?
El punto que prende las alarmas es sencillo, pero delicado: si el municipio de Soacha tiene participación accionaria en Urbaser, la ciudadanía tiene derecho a saber si recibió correctamente los dividendos, utilidades o beneficios económicos que le correspondían.
En otras palabras, la Contraloría estaría revisando si Soacha perdió plata, dejó de recibir recursos o si hubo un manejo que pudo afectar el patrimonio público.
Ese interrogante es clave porque no se trata solo de una empresa privada prestando un servicio. Se trata de una compañía en la que el municipio tendría participación y, por lo tanto, podría existir un interés económico público que debe ser protegido.
FOTO: Omar Triviño, Contralor Municipal de Soacha
Una relación incómoda: socio y vigilante al mismo tiempo
El caso también abre otro debate: el control.
La Alcaldía de Soacha anunció en febrero de 2025 que iniciaría el proceso para vender sus acciones en Urbaser. El argumento oficial fue buscar independencia frente al seguimiento del servicio de aseo y garantizar imparcialidad ante la posible llegada de otro operador.
Esa explicación deja ver una tensión evidente: si el municipio es socio de la empresa y, al mismo tiempo, debe hacer seguimiento al servicio que presta, la relación no es menor.
La pregunta es directa: ¿Soacha tenía suficiente independencia para exigirle a Urbaser, o su participación accionaria terminó generando una zona gris entre el control público y el interés societario?
El municipio tendría solo el 20%
El punto político se vuelve más fuerte porque, según información publicada en medios nacionales sobre el cobro de aseo rural, la Alcaldía de Soacha tendría una participación minoritaria del 20%, mientras que la mayoría privada en la junta directiva llegaría al 80%.
Eso deja otra pregunta incómoda: si el municipio tenía una participación pequeña, ¿qué tanto peso real tenía en las decisiones de Urbaser?, ¿qué beneficios recibió por ser accionista?, ¿y quién estaba defendiendo los intereses de Soacha dentro de esa empresa?
Porque si la participación era minoritaria, pero aun así representaba recursos públicos, el municipio tenía la obligación de saber cuánto valía, cuánto producía y cómo se estaban manejando esos derechos económicos.
Servicio cuestionado por la ciudadanía
Mientras se discute el tema accionario, el servicio de aseo también ha estado bajo la lupa.
En junio de 2026, el alcalde Julián Sánchez pidió una revisión integral e inmediata a Urbaser por denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas fallas graves en la recolección de residuos en diferentes comunas del municipio.
Esto agrava la discusión: no solo se habla de acciones, dividendos o posibles recursos dejados de recibir. También se habla de un servicio esencial que impacta todos los días a los barrios, conjuntos, comerciantes y familias de Soacha.
La gente no vive de tecnicismos. La gente vive si la basura se recoge o no, si la factura sube o no, si las rutas cumplen o no, y si la Alcaldía defiende o no el interés ciudadano.
¿Se pueden vender las acciones sin aclarar primero?
La indagación también pone presión sobre la decisión de vender la participación accionaria del municipio en Urbaser.
Si existe una revisión sobre dividendos, utilidades y posible afectación al patrimonio público, la pregunta es inevitable: ¿se puede avanzar tranquilamente en una venta sin aclarar primero cuánto valen esas acciones, cuánto produjeron y si al municipio le entregaron correctamente lo que le correspondía?
Antes de vender, Soacha debería tener claridad absoluta sobre tres cosas: el valor real de su participación, los beneficios económicos recibidos y si hubo o no recursos pendientes.
Vender sin despejar esas dudas podría generar más cuestionamientos.
Lo que debe explicar la Alcaldía
Este caso obliga a pedir respuestas claras.
La ciudadanía necesita saber cuál es el porcentaje exacto que tiene hoy el municipio en Urbaser, cuánto recibió Soacha en dividendos durante los últimos años, si hubo utilidades no giradas, quién representaba al municipio en la junta directiva y en qué estado está la venta de las acciones.
También debe aclararse si la Contraloría ya notificó formalmente a la Alcaldía o a Urbaser y qué documentos fueron solicitados dentro de la indagación preliminar.
Una alerta para el bolsillo público
El caso Urbaser no puede quedarse como una pelea técnica entre entidades. Aquí hay una discusión de fondo sobre plata pública, control institucional y calidad del servicio de aseo.
Si la Contraloría está revisando una posible afectación al patrimonio del municipio, la administración debe actuar con total transparencia.
Soacha necesita saber si su participación en Urbaser realmente le generó beneficios o si, por el contrario, el municipio perdió control, perdió recursos o dejó dudas abiertas en un negocio donde el interés público debía estar por encima de cualquier operador.
La pregunta queda sobre la mesa: ¿Soacha defendió su bolsillo o terminó perdiendo frente a una empresa donde apenas tenía una parte del poder?
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