La muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático para 2026, reabre un capítulo doloroso en la historia política colombiana: el de los magnicidios que han truncado proyectos y golpeado la democracia. Uribe Turbay falleció en la madrugada, dos meses después de haber sido baleado en un acto político en Fontibón.
La Fiscalía investiga el hecho como magnicidio. Un menor de edad está detenido como presunto autor material y hay seis capturas en total. Sin embargo, el determinador intelectual sigue sin ser identificado. El crimen revive el temor a que la violencia electoral vuelva a marcar el rumbo del país.
Una historia que se repite
Colombia acumula una lista de asesinatos de figuras políticas clave:
- Jorge Eliécer Gaitán (1948): su muerte desató el Bogotazo y una ola de violencia sin precedentes.
- Luis Carlos Galán (1989): ejecutado en Soacha, su asesinato se atribuye al cartel de Medellín con apoyo de redes estatales.
- Bernardo Jaramillo Ossa (1990): víctima del exterminio de la Unión Patriótica.
- Carlos Pizarro Leongómez (1990): asesinado en pleno vuelo comercial tras la desmovilización del M-19.
- Álvaro Gómez Hurtado (1995): las FARC se atribuyeron el crimen en 2020, sin cerrar los vacíos judiciales.
Patrones que no cambian
El caso Uribe Turbay refleja un patrón recurrente: atentados en contextos electorales, uso de sicarios (incluso menores), armas modificadas y redes logísticas para silenciar voces políticas. La impunidad sigue siendo una constante.
Un desafío para la democracia
El magnicidio plantea una pregunta urgente: ¿cómo garantizar que las urnas, y no las balas, definan el futuro del país? Sin protección efectiva para líderes y sin desarticular las estructuras criminales que buscan capturar el Estado, Colombia corre el riesgo de repetir su historia.
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