La Corte Constitucional tomó una decisión clave en la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de 1990.
El lunes 9 de noviembre de 2026, la Sala Plena del alto tribunal se declaró inhibida para resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Por esta razón, el expediente continuará, por ahora, en manos de la Fiscalía.
¿Por qué la Corte no tomó una decisión de fondo?
La discusión jurídica buscaba establecer si la investigación debía permanecer en la Fiscalía o trasladarse a la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, instancia encargada de investigar a los presidentes y expresidentes en los casos que corresponda.
Sin embargo, con una votación de siete votos contra dos, la Corte determinó que no se cumplían los requisitos jurídicos necesarios para resolver el conflicto. En otras palabras, el alto tribunal no decidió cuál autoridad debía asumir formalmente el expediente, sino que se abstuvo de pronunciarse de fondo.
La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Paola Andrea Meneses. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto.
¿De qué hechos investigan al expresidente?
El expediente reúne hechos relacionados con la violencia paramilitar en Antioquia, entre ellos:
- Masacre de La Granja: ocurrida en junio de 1996, en el municipio de Ituango.
- Masacre de El Aro: perpetrada en octubre de 1997, también en Ituango.
- Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo: defensor de derechos humanos asesinado el 27 de febrero de 1998.
- Presuntos vínculos con estructuras paramilitares: la investigación también aborda hipótesis relacionadas con la conformación y el accionar de grupos de autodefensa en Antioquia.
Estos hechos son materia de investigación y no constituyen, por sí mismos, una declaración de responsabilidad penal contra Uribe, quien ha negado los señalamientos.
¿Qué pasará ahora con el proceso?
Con la decisión de la Corte Constitucional, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia continuará al frente de la investigación. La determinación no significa que el expresidente haya sido declarado culpable ni inocente, tampoco representa el cierre del expediente.
El caso seguirá su curso mientras las autoridades competentes avanzan en las actuaciones correspondientes y determinan las responsabilidades que puedan establecerse.
¿Considera que esta investigación debe continuar en la Fiscalía o debería estar en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara?
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